Desde que se conocieron las reuniones en que participaron algunos ministros con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett, en el Congreso se sumaron a las conclusiones de los expertos en cuanto a que es necesario modernizar la actual Ley de Lobby, llenando algunos vacíos que permitirían algún grado de interpretación de la norma. Por su parte, el Gobierno, hace alrededor de un año que viene estudiando el tema, justamente para restringir la posibilidad de burlar la ley. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo aún no ingresa.

Es en este contexto que un grupo transversal de diputados, liderados por la independiente Camila Musante, ingresó a tramitación un proyecto que perfecciona la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, con el fin de normar con mayor rigurosidad las actividades de las autoridades y de privados relacionadas con lobby y gestiones de intereses, además de elevar las penas ante su incumplimiento.

La iniciativa argumenta que durante la última década “hemos avanzado notablemente en materia de transparencia y publicidad de las actuaciones de las autoridades. Gracias a ello, se han podido conocer casos y situaciones irregulares que en el pasado no habrían sido advertidas por la opinión pública”. No obstante, ante la exigencia de la ciudadanía, es necesario “establecer parámetros más rigurosos” en esta materia.

María Jaraquemada y el debate sobre interpretación de la Ley de Lobby

Es por ello que la moción parlamentaria explicita los principios de transparencia y probidad, obligando a la autoridad a velar siempre por el interés general por sobre el particular al momento de ponderar si se está sometiendo a una actividad regulada por lobby o no. Además, se propone aumentar a cinco años el plazo de prohibición para que las autoridades que dejan un cargo puedan incorporarse al registro de Lobby o Gestores de Intereses.

El proyecto también aumenta las sanciones que contemplan multas, ya que el máximo actual de 50 UTM (unos $ 3.200.000) lo sube a 500 UTM (unos $ 32 millones).

¿Patrocinio del Ejecutivo?

La diputada patrocinante explicó a Diario Financiero que conversó personalmente con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, para solicitarle el respaldo del Gobierno a la moción, pues está consciente de que sin él será muy difícil que la propuesta avance en el Congreso. Y Musante está optimista, porque en el marco de la conversación, Lobos le hizo ver que “eventualmente” el Ejecutivo podría apoyar la moción, ya que también trabaja en una serie de modificaciones a la Ley de Lobby y algunos de los puntos de la moción coincidirían con lo que prepara el Ejecutivo.

Uno de los diputados que respaldó la moción de la diputada fue su par socialista Leonardo Soto, quien aprovechó de anticipar que “estamos preparando otro para entrarle de lleno a la Ley de Lobby”, argumentando que “vamos a transformar la indignación de la gente en modificaciones legales que hagan inviolable y totalmente obligatoria la Ley de Lobby”.

En tal sentido, adelantó que junto con regular a las autoridades que se deben acoger a esta normativa, es fundamental establecer obligaciones para los lobistas y las empresas que ocupan sus servicios, porque “cuando uno regula a ambos lados de la mesa, finalmente, hace que todos cumplan las obligaciones de transparencia”.